Impuesto saludable: ¿cuál es el impacto en la industria colombiana?

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Desde su entrada en vigor, el impuesto ha provocado un aumento de hasta el 40% en el precio de ciertos alimentos procesados.


La reciente implementación del impuesto saludable en Colombia ha generado un ambiente de incertidumbre y preocupación entre pequeños comerciantes y consumidores. Este impuesto, destinado a desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, ha comenzado a repercutir en los precios de varios productos esenciales, afectando significativamente a la economía de los tenderos y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Desde su entrada en vigor, el impuesto ha provocado un aumento de hasta el 40% en el precio de ciertos alimentos procesados. Esta situación ha llevado a una disminución notable en las ventas de productos como gaseosas, botanas y artículos de pastelería, con una caída estimada del 10% en las últimas semanas. Los comerciantes, enfrentados a esta nueva realidad, han tenido que ajustar los precios y estrategias de venta para poder sobrevivir en el mercado.

Javier Galindo, representante de la Federación Colombiana de Tenderos y Pequeños Comercios, expresa su preocupación por el impacto negativo que este impuesto está teniendo en su sector. Según Galindo, la inestabilidad en los precios está alejando a los clientes y poniendo en riesgo la viabilidad de muchos pequeños negocios, que ya luchan por mantenerse a flote en un contexto económico desafiante.

La medida, que forma parte de la Reforma Tributaria aprobada en diciembre de 2022, busca combatir problemas de salud pública asociados al consumo de alimentos con alto contenido calórico. Sin embargo, esta iniciativa ha generado un debate sobre su efectividad y las consecuencias económicas para los productores y consumidores.


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El impuesto se aplica de manera progresiva, comenzando con una tarifa del 10% en 2023, que aumentará al 15% en 2024 y alcanzará el 20% en 2025. Esta estructura impositiva afecta a una amplia gama de productos, incluyendo aquellos con altos niveles de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

Además, la Ley de Etiquetado Frontal, parte de la Ley de Comida Chatarra, ha incrementado los costos de producción al exigir que los productos muestren advertencias sobre su contenido en grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio. Esto ha añadido una capa adicional de complejidad y coste para los productores.

En el caso de las bebidas, el impuesto varía según el contenido de azúcar añadida por cada 100 mililitros, lo que ha llevado a un incremento en el precio final de estos productos. Las bebidas con más de seis gramos de azúcar por 100 mililitros enfrentan un impuesto creciente en los próximos años, sumando una carga adicional a los consumidores.

María Rodríguez, de la dirección de impuestos y aduanas nacionales, aclara que el impuesto se aplica a productos "ultraprocesados industrialmente" y aquellos con ingredientes añadidos como sal, azúcar o grasas. Esta definición abarca una amplia gama de alimentos, desde pasteles y snacks hasta productos lácteos y de panadería.

A pesar de algunas exenciones, como el arequipe o dulce de leche, el impuesto ha generado preocupación entre los productores artesanales y pequeños. Thierry Ways, analista económico, critica la prisa con la que se diseñó el impuesto, señalando inconsistencias en su aplicación y el impacto desproporcionado en ciertos productos.

La Dirección de Impuestos y Aduanas sostiene que el impacto en la inflación será mínimo, pero sectores como la Asociación Nacional de Industriales de Colombia advierten sobre un efecto significativo en los precios y en la cadena de producción, especialmente para los pequeños productores y tenderos.

Por otro lado, voces como la de Carolina Piñeros, de Red PaPaz, defienden el impuesto como una medida necesaria para mejorar la salud pública. Según Piñeros, la alta incidencia de malos hábitos alimenticios en la población justifica la urgencia de estas medidas.

A nivel internacional, el impuesto es visto como una iniciativa ambiciosa y pionera en la región. Expertos como el economista Guillermo Pareja destacan que Colombia lidera en la implementación de políticas fiscales orientadas a la salud en América Latina, marcando un precedente importante en la lucha contra el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados.


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