Las alergias y sensibilidades a los alimentos son enfermedades que afectan a ciertas personas de la población cuando ingieren alimentos o ingredientes alimentarios que la mayoría de los consumidores pueden tolerar.

Y aunque el porcentaje de personas que presentan estas restricciones se ha considerado como menor, estudios recientes evidencian un marcado incremento en su incidencia en las últimas décadas, afectando entre un 10 y un 40% de la población mundial, que se traduce en cientos de millones de personas.

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Lo anterior se sustenta en estudios como el publicado en un número reciente de la revista de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, el cual confirma un aumento en casos de anafilaxia inducida por alimentos en los últimos años. Según esta investigación, las visitas a urgencias por este motivo aumentaron un 214% entre 2005 y 2014, sobre todo en bebés y niños más pequeños (entre los 0 y los 2 años), y el alimento causante en la mayoría de los casos fueron los frutos secos.

Este panorama ha motivado a que asociaciones de pacientes como la Food Allergy Research & Education (FARE), Food Allergy Canada (anteriormente Anaphylaxis Canadá) y otras, hayan liderado estudios para evaluar las diferencias de los consumidores con alergia a alimentos, en cuanto su percepción sobre los niveles umbral, así como en el etiquetado.

En la actualidad, una de las mayores dificultades u objeciones presentadas por el sector industrial para adecuarse a la reglamentación sobre la rotulación de alérgenos es la falta de umbrales a partir de los cuales los alimentos producen una reacción alérgica en las personas sensibilizadas. Este inconveniente no sólo se presenta en Latinoamérica, sino que es un tema de debate en la mayoría de los países en los que trabajan en la construcción de una normativa sobre rotulado de alérgenos.


"Hasta un 35% de los niños de países desarrollados pueden presentar manifestaciones de enfermedades alérgicas"
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Al respecto solo algunas naciones han logrado fijar umbrales para los grupos de alimentos responsables del mayor número de reacciones alérgicas en el mundo.

Japón

El reglamento de etiquetado de alérgenos alimentarios japoneses fue diseñado para adaptarse a las circunstancias reales de alergias alimentarias en dicho país y también para ser aplicado de manera efectiva. El país asiático fijó un límite de 10 ppm (10 mg del alérgeno por kg de producto) para todos las sustancias alimenticias consideradas alergénicas, es decir si se detecta un contenido del alérgeno superior a 10 ppm entonces en el rótulo deberá declararse el mismo.

En ese país los principales alérgenos alimentarios son: huevo, leche, trigo, maní, trigo sarraceno, langostino y cangrejo. Cabe resaltar, que después de 15 años de aplicación de esta reglamentación, no se ha presentado un solo caso de shock anafiláctico ni algún fallecido por alergia alimentaria.

Suiza

Se cree que casi el 30% de la población suiza se ve afectada por algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, por eso, este país europeo estableció, desde 1999, la declaración obligatoria de alérgenos cuando su contenido supere al de 1 g de sustancia alergénica por kg de alimento (1000 ppm); con las siguientes excepciones: valor umbral para sulfitos 10 mg por kg de alimento y para cereales que contienen gluten 10 mg gliadina en 100 g de producto seco. Este país, además de incluir los ‘grandes 8’, contempla dentro de su reglamentación el apio, lupinos, moluscos, mostaza y sésamo.

Australia y Nueva Zelanda

Bajo el liderato de la institución Allergen Burea, la cual promueve la buenas prácticas en la gestión de riesgos de alérgenos, estos países desarrollaron el programa Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling (VITAL), una iniciativa, de carácter voluntario, la cual permite la evaluación de las posibles fuentes de contacto cruzado de alérgenos de las materias primas y el entorno de procesamiento, además, una evaluación de la cantidad presente y una revisión de la capacidad para reducir el material alergénico de todas las fuentes contribuyentes. Igualmente, proporciona un monitoreo continuo y una verificación del proceso de evaluación de riesgos para garantizar que se realicen cambios al nivel de riesgo sin demora